Los nuevos deberes de Gallardón
28.12.2011Carlos García-León. EXPANSIÓN.COM

El nuevo ministro de Justicia se enfrenta a muchos retos. EXPANSIÓN, con la ayuda de expertos del sector jurídico, ha preparado un decálogo que debería poner en marcha Gallardón para devolver la confianza de los ciudadanos en la Justicia y ayudar en la reactivación de la economía.

Mariano Rajoy en su discurso de investidura en el Congreso hizo alusión al Informe Global de Competitividad del World Economic Forum, donde España ocupa el puesto 63 entre 142 países en eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias. “Lisa y llanamente, esto no puede seguir así”, sentenció.
El nuevo ministro Alberto Ruiz-Gallardón tendrá que emplearse a fondo para tomar medidas que ayuden a la solución de conflictos y ayuden en la reactivación de la economía española. Además será vital que los ciudadanos recuperen la confianza en la Justicia, que se encuentra en muy baja estima según todas las encuestas de opinión.
EXPANSIÓN con la ayuda de prestigiosos abogados y magistrados, ex altos cargos de Justicia y otros expertos del sector legal ha elaborado 10 medidas que debería emprender Ruiz-Gallardón en su mandato al frente e de la cartera de Justicia, algunas coincidentes con las que Rajoy o el propio ministro ya han avanzado.
1. Generalizar e intensificar el uso de recursos tecnológicos, incluyendo el hacer compatibles sistemas de información que hoy no lo son y extendiendo las nuevas tecnologías a todo el sistema judicial
2. Cambiar el sistema de elección de magistrados en el Tribunal Constitucional, mediante un sistema de elección menos politizado.
3. Vuelta al sistema de elección de los miembros del CGPJ anterior a 1985, que se elegía mayoritariamente entre jueces (ahora los 20 miembros son elegidos por Congreso y Senado)
4. Aprobar una ley de mediación efectiva -el anterior proyecto no lo era-, que ayudara a descongestionar y agilizar el trabajo judicial como viene sucediendo desde hace tiempo en Gran Bretaña y también en Alemania y Francia, e incluso en Italia. Es necesario un control sobre lo que llega a la jurisdicción, ya que no todos los conflictos deben judicializarse.
5. Lograr un pacto político que logre implantar la independencia efectiva del Poder Judicial y evite una politización creciente que ha dañado con gravedad la imagen de la Justicia y su credibilidad ante los ciudadanos.
6. Aumento del número de jueces por habitante. Esto lograría reducir significativamente la intensa y costosa lentitud judicial. Ahora mismo estamos en la mitad de la media de la UE
7. Crear órganos de coordinación entre las diversas Administraciones implicadas (CGPJ, MJU, CCAA) para evitar disfunciones en la asignación de recursos.
8. Crear un sistema, con las debidas garantías, que premie la productividad y penalice la ineficacia de los jueces, siguiendo alguno de los modelos europeos.
9. Debe seguir apostándose por la Nueva Oficina Judicial y por el proyecto de Tribunales de Instancia. A corto plazo, generará un coste la transformación de las estructuras judiciales, pero a medio plazo, al racionalizar los recursos, se abaratará el coste para la Administración de Justicia.
10. Aprobar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No dio tiempo de aprobarse en el Congreso en la pasada legislatura tras ver la luz en Consejo de Ministros. Significará una verdadera transformación del sistema judicial, ya que el 70% de asuntos que llegan a juzgados y tribunales con penales.